La situación de emergencia que se instaló a nivel mundial en el presente año dejó en evidencia la desigualdad existente en las sociedades del siglo XXI. Los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad están siendo los más afectados, no sólo por la crisis sanitaria que cada país está enfrentando de manera diferente, sino también por la crisis económica y social que se proyecta de largo alcance.
En general, los mensajes emitidos por los gobiernos se dirigen a una población que en el imaginario está constituida por familias integradas afectivamente, con estabilidad laboral y relativo bienestar económico, capaces de sostener su alimentación, que habitan en una vivienda en la cual pueden resguardarse por largo tiempo, teletrabajar y acompañar la educación a distancia de sus hijos porque cuentan con computadoras y conexión a internet. Lamentablemente, la realidad cotidiana de la mayoría de los niños, las niñas y sus familias transcurre de otra manera.
A causa de la pandemia, las autoridades procedieron a cerrar los centros educativos y promover la educación a distancia. Esta medida significó mucho más que la pérdida de clases ya que se vieron afectados los cuidados que, sobre todo en primera infancia, acompañan a la educación. En este contexto, las carencias aún no resueltas en la atención y educación de la primera infancia se hicieron más evidentes: insuficiente formación docente, condiciones locativas inadecuadas, escasa dotación de materiales, grupos superpoblados más allá de la ratio niño-adulto recomendada, entre otras cuestiones a atender. Estas situaciones, que no son nuevas, complejizan la búsqueda de soluciones a la hora de implementar la reapertura de los centros educativos. En los países en que eso sucede, el retorno se produce de manera parcial, en instituciones transformadas y altamente normatizadas desde una visión higienista.
Debido a las circunstancias, el discurso científico sanitario adquirió primacía por sobre otras voces calificadas en relación a las infancias. Resulta imprescindible, entonces, incorporar al discurso la legítima preocupación existente en múltiples sectores por la vulneración de derechos que está afectando a la primera infancia y la repercusión que esto puede llegar a tener en el desarrollo, los aprendizajes y la construcción de la subjetividad. Para muchos, la respuesta a esta situación radica en el regreso de los niños y niñas a los centros de atención y educación en primera infancia. En condiciones de seguridad sanitaria, no caben dudas que esta medida resulta necesaria; sin embargo, el tema es mucho más complejo.
La crianza, sobre todo en las primeras edades, está ligada a las condiciones de sostén y bienestar que proporcionan los referentes familiares. Por lo tanto, la crisis sanitaria, económica y social influye en las condiciones materiales y ambientales de la crianza. Es dable preguntarse, entonces, ¿qué otras medidas, además de la reapertura de los centros se están implementando por parte de los gobiernos para fortalecer a las familias en sus funciones de cuidado y de crianza?; ¿cómo se organizan y se garantizan las respuestas interinstitucionales e intersectoriales dirigidas a niños, niñas y familias ?; ¿con qué recursos y redes de atención cuentan las educadoras y los educadores para responder a las situaciones críticas a las que se ven enfrentados?
En aquellos países en los cuales estas interrogantes aún no han sido formuladas o tienen respuestas incompletas, urge conformar grupos de trabajo especializados en primera infancia, integrados por profesionales referentes de múltiples disciplinas (pediatría, sociología, pedagogía, psicología, psicomotricidad, entre otras) junto a representantes de los organismos del Estado con responsabilidad en políticas socio-educativo-sanitarias. El paradigma imperante que considera la salud como ausencia de enfermedad no incluye a la primera infancia entre la población de riesgo. Es nuestro deber colocarlas en agenda para superar su poca o nula visibilidad. La planificación de acciones coordinadas facilitará la activación de los recursos institucionales, materiales y humanos, con un enfoque integral desde la perspectiva de los derechos del niño.
A medida que la crisis sanitaria se estabiliza o se supera, la prioridad de los gobiernos pasa a ser la reactivación de la economía. Desde la visión humanista que esta situación de pandemia nos impone, coincidimos con Amartya Sen y su teoría del desarrollo humano basada en el bienestar de las personas. No es posible que una sociedad alcance el éxito económico sin tener en cuenta a los individuos que la componen. Las instituciones del Estado y las organizaciones sociales ocupan para esta teoría un lugar de relevancia en la construcción e implementación de las políticas públicas.
La pandemia intensificó la preocupación ya existente a nivel mundial por mejorar la relación entre los individuos y el ambiente, bajo la concepción del desarrollo sustentable. Es por ello que las políticas públicas que se implementen han de promover el desarrollo humano con sustentabilidad.
Garantizar los cuidados y la educación en la primera infancia en este contexto de crisis requiere una combinación sinérgica que, teniendo en cuenta la perspectiva de los niños y las niñas, garantice su supervivencia, asegure el cumplimiento de sus derechos a la salud y a la atención y educación integral, brindando los apoyos que sean necesarios para el desarrollo de todo su potencial.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
– DEMARCHI, M (2005) Políticas educativas. Algunas reflexiones -Uruguay https://www.laondadigital.uy/LaOnda2/201-300/241/codicen-Marta%20Demarchi.pdf
-SEN y NUSSBAUM-Comp. (1993) La calidad de vida. México. Fondo de Cultura Económica https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1430
– SEN Y ANAND (1994) Desarrollo humano sostenible: conceptos y prioridades. PNUD, inédito.
Elizabeth Ivaldi – Profesora de Educación Primaria especializada en Educación Infantil. Educación Artística, Gestión y Supervisión Educativa – Ex Inspector Nacional de Educación Inicial – Ex Concejal de Educación Pública. Miembro activo de OMEP Uruguay.
Deja una respuesta