Director General del IIN OEA
Una mirada a la pandemia desde las Américas derrumba la afirmación de que “ante el virus somos todos iguales”. El COVID-19 y sus efectos secundarios han hecho más visibles las profundas inequidades de nuestras sociedades, pero también han puesto en evidencia las formas predominantes de pensar los temas de la infancia y el lugar que se da a los niños, niñas y adolescentes al momento de definir prioridades.
Pensar el tema desde la perspectiva de derechos requiere trascender los aspectos médico-sanitarios e incluir en el análisis la compleja situación producto del virus, pero también de las respuestas que se disparan a partir de él, las acciones, reacciones e interacciones que dan por resultado una afectación multidimensional de la vida de todos y todas, adultos, adolescentes, niños y niñas.
Defensores de los derechos de la niñez y las propias organizaciones de niños, niñas y adolescentes han denunciado esta invisibilización de la infancia. La amenaza del virus y la preocupación por la caída de la economía generan un efecto de encandilamiento en que unos problemas atraen toda la atención dejando de lado otros no necesariamente menos importantes. Esto ha reforzado la mirada adulto céntrica desde la cual se toman decisiones dejando de lado las singularidades de la niñez.
Niños y niñas debieron afrontar una situación cargada de miedos reales y fantasías aterradoras, la vulnerabilidad que implica la inseguridad económica y el aislamiento en espacios reducidos, el cierre de escuelas y la vida familiar a tiempo completo, la pérdida de contacto con sus pares e incluso con sus familias, entendidas en sentido extenso, las amenazas de la violencia intrafamiliar, lo cual los coloca entre los más afectados por el contexto del COVID-19.
Después de un silencio inicial sobre las afectaciones a la niñez comenzaron a surgir voces alertando sobre la violencia, el confinamiento, el cierre de centros y la interrupción de los procesos educativos. La interrupción de la enseñanza presencial a nivel escolar fue la punta del iceberg que desde la mirada adulto-céntrica pudo percibirse, pero a pesar de esto la primera infancia continúa invisibilizada.
Se relativiza o directamente se desconoce el carácter de sujetos plenos de derecho de niños y niñas desde el inicio de la vida, y junto a esto las responsabilidades de la comunidad y de los Estados en la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a esos derechos.
Esto implica un conjunto de supuestos que debemos deconstruir:
- El casi único derecho que se reconoce en este ciclo de vida es al “cuidado” entendido como atención de “necesidades básicas”.
- Los servicios de atención a la primera infancia se consideran simplemente servicios de atención que no incluyen, al menos en un sentido sistemático y jerárquico, un eje educativo.
- Así concebidos son sustitutos por tiempo parcial del cuidado familiar ante la necesidad de los adultos de disponer de horas para sus actividades laborales.
- El corolario de este razonamiento es que el mejor lugar para el niño es su hogar junto con su familia.
- Cuando los adultos permanecen en casa por confinamiento o por desocupación los servicios pierden sentido.
A través de este razonamiento, la primera infancia, que desde mediados del siglo XX viene ganando espacio como tema de política pública, se restituye al espacio privado.
Esto no solo no garantiza al niño o niña sus derechos en tanto acceso a los estímulos y experiencias necesarias para su desarrollo, sino que deja a las familias a solas con sus propias condiciones y recursos para asumir el rol de cuidar y educar. De este modo, el grado de realización o vulneración de derechos de cada niño o niña dependerá de las herramientas, recursos y capacidades con los que cuenta su familia.
Las condiciones para el ejercicio de la maternidad y la paternidad en nuestras sociedades son profundamente desiguales. ¿Qué apoyo tienen los adultos para poder a su vez apoyar a niños y niñas? ¿Qué atención, tiempo y energía deben dedicar a resolver la sobrevivencia?.¿Qué respaldo familiar y comunitario tienen?¿Cómo responden los Estados a estas situaciones? ¿Cómo estamos cuidando a los que cuidan? (y esto trasciende al personal de salud)
Cuando no están asegurados niveles mínimos para una vida digna, los adultos, padres, madres u otros que sirven de referencia no tienen disponibilidad para la atención de niños y niñas, para el diálogo, para compartir y jugar con ellos. Esto lleva a la ausencia de acompañamiento adulto, al deterioro de los vínculos, a la soledad y a la desprotección.
La retracción del Estado como garante de derechos a través de servicios de educación y cuidado a la primera infancia tiene como contrapartida la mercantilización de las prestaciones, la implantación de la educación como bien de mercado y ya no como “bien público global” como fuera considerado por la UNESCO. El acceso a un derecho no puede tener como condición el poder adquisitivo de las familias.
En este contexto y ante los riesgos de retroceder en derechos trabajosamente conquistados se hace necesario enfatizar el derecho a la educación como un derecho de todos los niños y niñas en la fase de desarrollo en que se encuentren, un derecho sinérgico en tanto potencializa el acceso a otros derechos, un derecho que como todos debe ser asegurado por el estado en tanto garante último de todos los derechos
Para esto es necesario:
- Fortalecer la presencia de servicios públicos de calidad en los territorios.
- Asegurar el carácter integral de los servicios superando la dicotomía educación-cuidado.
- Capacitar en forma continua a los docentes para el mejor manejo de las situaciones que deben afrontar.
- Fortalecer a las familias y las comunidades como actores centrales en la protección de la niñez y garantes de la calidad de los servicios.
Víctor Giorgi es la actual Dirección General del Instituto Interamericano de la Niñez y la Adolescencia (IIN-OEA), Organismo Especializado de la OEA en materia de niñez y adolescencia. Fue presidente del INAU (Instituto de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay). Catedrático universitario, catedrático titular del Área de Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y también es autor de diversos trabajos y publicaciones sobre temas de su especialidad. Psicóloga y realizó estudios de posgrado en Administración de Servicios de Salud, Planificación Estratégica y Formación de Recursos Humanos en Salud.
Deja una respuesta